La Asociación Nacional del Arma (ANARMA) ha denunciado formalmente la existencia de graves irregularidades técnicas en el proceso de consulta pública para la modificación del Reglamento de Armas. Según la asociación, el buzón telemático de la Intervención Central de Armas y Explosivos (ICAE) ha permanecido colapsado en momentos críticos, impidiendo el ejercicio del derecho de audiencia a miles de ciudadanos.
Daniel Álvarez, Vicepresidente de ANARMA y experto en seguridad informática, califica la gestión de la Jefatura de Armas, Explosivos y Seguridad (JAES), bajo el mando del General Antonio Cortés Ruiz, como "improvisada y negligente". "No estamos ante un fallo puntual, sino ante una infraestructura infradimensionada que ha devuelto de forma masiva el error SMTP 552 #5.2.2 (cuota de buzón excedida), bloqueando la entrada de miles de escritos", explica Álvarez.
Un proceso viciado por la falta de previsión técnica
A través de una herramienta técnica diseñada específicamente por ANARMA para facilitar y monitorizar el proceso de envío de alegaciones, la asociación ha documentado caídas intermitentes y un periodo de colapso continuado al final del plazo de más de 48 horas, entre el 6 y el 8 de marzo. Solo a través de los canales de la asociación, se tiene constancia de más de 4.500 alegaciones que no han podido ser entregadas por la falta de capacidad del servidor oficial de la Guardia Civil (
Exigencia legal de prórroga
ANARMA recuerda que el Artículo 32.4 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común establece de forma preceptiva que, ante incidencias técnicas que imposibiliten el funcionamiento ordinario del sistema, la Administración debe ampliar los plazos no vencidos.
"Este proceso queda invalidado de facto al producirse una obstrucción al derecho de audiencia", sentencia Daniel Álvarez. ANARMA trasladará una queja formal al Defensor del Pueblo y exige al General Cortés Ruiz una ampliación extraordinaria del plazo de otros 15 días, garantizando que el servidor cuente con la estabilidad técnica necesaria.
La asociación anuncia que llevará este "desastre administrativo" a todas las instancias posibles para proteger los derechos fundamentales de participación de todos sus asociados, seguidores y simpatizantes en España.
