Estimados Socios,
Espero que la vuelta de las vacaciones haya sido grata para todos, durante este verano han ocurrido algunos acontecimientos que me gustaría destacar. El primero de ellos es la sentencia favorable a Raúl Rodríguez, propietario de la Armería Arminse de Viladecans, Barcelona, caso que fue llevado por el abogado de nuestra asociación Don Francisco Palomo.
Quiero destacar este caso porque es una buena muestra de lo que estamos soportando y hemos soportado los tiradores, profesionales y los aficionados a las armas españoles. El Sr. Rodríguez fue acusado de pertenencia a grupo criminal, venta ilegal de armas, posesión ilegal de armas, fabricación ilegal y alteración de armas. Cualquiera de nosotros que leyese esta noticia en un telediario o en la prensa, quedaría automáticamente impresionado y escandalizado por la gravedad de las acusaciones. Pues bien, tras una investigación con intercepciones telefónicas, vigilancia y miles de euros de los contribuyentes españoles gastados en una investigación, el Señor Rodríguez y el resto de los acusados han sido declarados inocentes según sentencia dictada el 1 Julio de este verano.
¿Como puede ser esto?
Muy a menudo estamos observando como se lanzan investigaciones desde las IA y el ICAE contra coleccionistas y aficionados, se realizan intercepciones de las comunicaciones, se vigila, se persigue y en casos como este se acusa de delitos gravísimos que son indemostrables delante de un tribunal porque son totalmente falsos, de hecho el tribunal sentenció en tres días, algo inaudito en España, así que lo tenían bastante claro. Muchas de estas investigaciones vienen motivadas por denuncias, actividad en foros, anuncios en prensa o internet, otras veces por chivatazos de la competencia a las empresas y en algunas como en el caso del Sr. Rodríguez por un problema personal con los interventores tras pedirles que solventaran una situación irregular.
No es raro ver notas de prensa adornadas con fotos de mesas llenas de armas, vainas, cartuchos, armas inutilizadas, o incluso armas reales “sin documentación” y luego resulta que los jueces no ven indicios criminales para culpar a los acusados, puesto que no existían motivaciones criminales y lo que habían aparecido eran las armas del abuelo, piezas de algún coleccionista despistado o fan del airsoft, o peor, que el caso esté totalmente montado como venganza por no haber accedido a las pretensiones de algún interventor.
En el caso del Sr. Rodríguez todo se inicio a causa del cambio de reglamento que afectaba a las armas inutilizadas, por lo que exigió que se aplicase la nueva reglamentación y esa exigencia terminó en un enfrentamiento personal con los interventores y de allí en su imputación, y eso que la sentencia reconoce, que colaboró con la GC en la investigación más allá de lo que marca la ley.
Una vez más observamos como el germen de todos estos problemas es un reglamento gris, complicado y muy sujeto a la interpretación, que es muy a menudo aprovechado como herramienta de enriquecimiento, promoción o venganza personal por algunos interventores cuya manera de trabajar parece estar más ligada a los métodos del hampa que a las FYCSE, con el agravante que para ello se emplean los valiosísimos recursos del estado. Recursos que por si alguno no lo recuerda, los pagamos entre todos, no para perseguir a gente cuya peligrosidad es nula, si no para perseguir a los criminales.
El afán recaudatorio ni si quiera es un motivo en el caso de las armas, puesto que muchas veces se han empleados miles de euros en investigaciones cuyo único logro ha sido una multa de 500€.
Lo cierto es que los aficionados a las armas somos como una fuente de alimentación para muchos corruptos y mafias de diferente índole. Para tener en España un arma se deben pasar por determinados “puentes” como los armeros de Clase III y las Federaciones, y los hay que no han perdido el tiempo, buscando como poner peajes en esos lugares con el simple fin de sacar tajada del incauto que pase, al igual que hacían los señores feudales en la Edad Media con el Derecho de Paso.
Además criminalizarnos es muy fácil. En los hogares españoles es fácil adivinar que existe más cartuchería de la cuenta, más pistones de recarga de los que marca la ley, más pólvora y en algunos casos armas de fuego ancestrales o perdidas, que la propia ley criminaliza por no tener papeles.
La pésima aplicación de nuestro absurdo Reglamento de Armas, convierte a muchos tiradores españoles, cuyo único delito es pasar el fin de semana o la tarde en el campo de tiro, en peligrosos criminales potenciales que almacenan explosivos tan peligrosos como los pistones, de hecho me consta que en el ICAE están muy preocupados porque creen que por lo menos dos edificios de Madrid se han derrumbado debido a que uno de los inquilinos almacenó 250 pistones en vez de los 200 reglamentarios y el otro se llevó a casa 10 cartuchos que le sobraron del campo de tiro, y lo peor de todo, que hay un grupo de criminal que se prepara para realizar atracos con armas amparadas en AE y a caballo.
Bromas a parte, queda patente que aunque no exista intención criminal, se busca claramente dejar “fuera de juego” a los ciudadanos, y tratar de criminalizarlos sea como sea. Todos sabemos que la compra de pistones por ejemplo es un paripé y que una persona no se desplaza 3 días seguidos a comprar 200 pistones por día a una misma armería, y lo realmente triste es que habiendo asesinos, violadores, terroristas y peligrosos criminales andan sueltos con armas ilegales, que sí usan para cometer delitos y matar a gente, se usan una cantidad enorme de los valiosísimos recursos del estado en perseguir y tratar de castigar a ciudadanos honrados que tratan de cumplir unas normas bizarras y extravagantes de la mejor forma y manera que pueden. En una parte entendemos que sea más seguro y cómodo perseguir a los ciudadanos españoles desde una oficina con aire acondicionado con la ayuda de un ordenador, que a los terroristas y criminales en la calle por la noche, llevando un chaleco de 5 kilos y portando un arma.
El caso del absurdo español, corruptelas y vendettas aparte, ha llegado a un punto en que la propia obsesión anti armas del ICAE y del Ministerio de Interior está poniendo en serio peligro a la ciudadanía. La policía empieza a tener miedo de portar armas no estando de servicio, en un momento en el que la alerta del terrorismo islamista se dispara. Los accidentes y las descargas accidentales con armas de fuego de las FYCSE se vuelven innumerables, siendo curiosamente la GC la que más incidentes acumula con una media de más de 3 descargas accidentales por mes, datos que sepamos, porque está claro que estos datos o no se conservan estadísticamente o se esconden de la ciudadanía para que no puedan saber como de efectivas son sus FYCSE.
La dejadez llega a un punto en el que se recomienda a las mujeres hablar con los violadores, evitar callejones, silbar y correr las cortinas para evitar ser violadas, y si no hay más remedio, que por lo menos se acuerden de la cara de su agresor. Curiosamente ninguna de las medidas contempla recomendaciones sobre la defensa activa, y tampoco consideran que casi 3/5 de las agresiones sexuales son realizadas por personas cercanas a la victima, es decir, estás medidas son una pérdida de tiempo y literalmente un insulto a la inteligencia.
Tampoco parece que nadie se ha parado ha pensar que ocurrirá el día que el terrorismo islamista nos golpeé de nuevo y se produzca el escenario que todos los analistas vaticinan, que es un atentado al estilo Bombay o Nairobi con armas de fuego o con armas blancas como machetes. ¿Si nuestros policías van desarmados fuera de servicio porque tienen miedo a sus pistolas quien nos protegerá? ¿Si consideran el entrenamiento policial como algo peligroso y el poco entrenamiento que hay se hace en condiciones poco realistas, como van a defendernos? ¿Acaso los tiradores nos creemos que alguien que hace 50 tiros al año está capacitado para defendernos con su arma de fuego?
Las respuestas a estas preguntas son muy desalentadoras, y los recortes en los sueldos de las FYCSE, y el incremento de la carga de trabajo y servicios, ha empeorado los problemas psicológicos de nuestros policías, teniendo ahora mismo algunos cuerpos como la GC o la Policía Municipal de Madrid una tasa de suicidios muy superior a la media de España.
Si además nos paramos a analizar los últimos enfrentamientos policiales los resultados son pésimos, no se ha solventado positivamente ninguno de ellos, y a parte de causar bajas y heridos dentro de nuestras FYCSE ha habido daños colaterales a civiles, provocados principalmente por las armas de fuego de la propia policía.
Desde aquí queremos pedir al Ministerio de Interior que repase sus políticas, y recordarle que un escenario de un ataque terrorista cuerpo a cuerpo en España sería escalofriante, y lo peor de todo, es que como podemos ver no habrá nadie capacitado para pararlo o detenerlo. El incidente de la mezquita de Madrid nos indica claramente lo que puede suceder, donde un hombre nigeriano desarmó en segundos a dos policías y los disparó con sus propias armas. La seguridad se consigue mediante medias pasivas y activas, actualmente confiamos demasiado en las pasivas como la colaboración con los imanes de la mezquitas, o la información, pero si estas fallan no tenemos ninguna barrera para detener el ataque.
Por favor Señor Ministro y Mandos de Interior, dejen de perseguir a los ciudadanos y persigan a los terroristas y los criminales que realmente nos amenazan. El arma del abuelo de la guerra civil no es un peligro público es un bien histórico, los rifles y las pistolas semiautomáticas no son un peligro público son herramientas para hacer deporte o entretenerse, que en algún momento pueden salvar las vidas de aquellos a los que ustedes no pueden proteger, los tiradores deportivos no son un peligro público son un valor añadido a la seguridad. (En este punto curiosamente son más peligrosas sus FYCSE para los ciudadanos cuando sacan sus armas) En definitiva defiendan a los españoles que cumplen la ley por que son su base y su razón de ser, no una manada de criminales a los que deben tener controlados o dejarles “fuera de juego” para sacarles los cuartos.
Por favor usen como apoyo a los ciudadanos, sobre todo si son aficionados al tiro, fomenten la integración, la competición y la superación, para que sus FYCSE puedan tener un referente, un entrenamiento más completo y ser mucho más seguros.
Permitan que las armas de los abuelos sean pistolas o rifles dejen de estar proscritos sin exigir absurdas licencias que exigen pagar un canon o un peaje a las federaciones, y permitan sobre todo que los civiles puedan apoyar a las FYCSE porque en el aspecto del tiro tienen mucho que aprender de ellos, y eso no lo digo yo, lo dicen las estadísticas.
Si mañana los terroristas atacan un centro comercial muchas familias van a desear que haya alguien armado y capacitado allí para defenderles, y lamentablemente dadas las políticas que se han empleado en España esa persona no va a ser ni un Agente de seguridad ni un FYCSE, salvo que sea tirador deportivo o profesional que haya decidido entrenarse de forma particular. Creo que no hace falta ser físico nuclear para darse cuenta que un tirador deportivo que tira 50 cartuchos cada semana está más capacitado que un GC que tira 50 al año, y no quiero mencionar el entrenamiento, porque prácticamente un FYCSE lo que entrena es precisión a 15 metros un día al año mientras que el tirador de precisión medio entrena a 25 metros todos los fines de semana. Si ya hablamos del IPSC entiendo que quieran prohibirlo, seguramente más por vergüenza que por miedo.
Un saludo a todos.
Javier Arnaiz Larson
Presidente de ANARMA