Estimados Socios,

En primer lugar me gustaría disculparme por las incidencias en la atención al asociado que hemos sufrido durante los últimos meses, nuestra pequeña Asociación ha dejado de ser pequeña y en cuestión de tan solo 4 meses ha pasado de estar compuesta por cerca del centenar de personas, a casi alcanzar los 1.100 asociados.


Evidentemente no estábamos preparados para semejante crecimiento, la Gestión de Socios era llevada a cabo por un miembro de la junta en su tiempo libre, y dado el incremento de volumen nos hemos encontrado que los mensajes a los que no teníamos capacidad de dar respuesta se iban incrementando hasta llegar casi a los 700 emails acumulados.

Para solventar estas deficiencias hemos puesto en marcha una Oficina de Atención al Asociado operada por administrativos profesionales, que poco a poco van recuperando el trabajo atrasado y generando las credenciales pendientes, en el momento de escribir esta carta mensual aún tienen que responder a 200 emails, por lo que os pido paciencia ya que poco a poco estamos intentando ponernos al día con el actual volumen de gestión.

Por otro lado, para la desgracia del ICAE y la administración, nuestra oficina de asesoría jurídica a pesar de verse también desbordada tampoco ha dejado de funcionar. Hemos concentrado nuestros esfuerzos en mantener operativa esta parte de la Asociación a costa de desatender la Gestión de Socios, pero entendemos que el trabajo aquí era mucho más urgente, prioritario y necesario.

De hecho en este tiempo hemos conseguido sacar adelante varios recursos y abrir nuevos contenciosos. Lo cierto es que no hemos dejado de sorprendernos con el obrar de la administración, que sigue manteniendo unos criterios absurdos e impredecibles.

Los últimos casos que conocemos son de los más variopintos. Tenemos uno de un ciudadano que intenta iniciar un acto administrativo con una consulta sobre un armero y su capacidad, y que ve sorprendido como el interventor le niega el derecho a iniciar dicho acto, dándole ya la respuesta de antemano. Este ciudadano no se resigna y le pide al interventor que le plasme la negativa a presentar la consulta por escrito, y no sabemos si por prepotencia o desconocimiento, el interventor lo hace incurriendo en un delito de prevaricación al denegar sin capacidad de hacerlo la apertura de una consulta administrativa.

Por supuesto con prueba en mano y sin dudarlo, este ciudadano corre a denunciar lo ocurrido en el juzgado más próximo. Su sorpresa es mayúscula cuando resulta que el Interventor al conocer la denuncia le llama para amenazarle exigiéndole que la retire, así como suena, llamada que por otro lado queda registrada y grabada, por lo que se interpone una segunda denuncia por amenazas. Esto es algo que sencillamente resulta increíble que ocurra en una democracia occidental.

Por otro lado seguimos teniendo los mismo casos de ineptitud y lentitud burocrática dentro del ICAE. Procedimientos que se alargan eternamente sin sentido, consultas que no reciben respuesta, y trámites a los que se requieren alegaciones cuando realmente no son necesarias. El último ha sido requerir el registro de una marca que fabrica cañones que ya estaba registrada, y del cual ya había armas guiadas en España. Si a ello le sumamos el sinfín de incidencias que recibimos, llegamos a un punto en el que dudamos si realmente nos encontramos ante casos de malicia o casos que simplemente se pueden explicar por la ineptitud de ciertos funcionarios, que están realizando tareas mucho complejas y que quedan a mayor alcance de la formación que han recibido. 

Desde luego si hay que plantearse una restructuración del gasto administrativo, estas cosas deberían ser auditadas, porque no solo salen caras a los contribuyentes, si no que además afectan directamente a muchas empresas y ciudadanos, que ven como la administración juega con su dinero y su trabajo, dejando la gestión de ciertas cosas a funcionarios totalmente incapacitados para hacerlo.

Evidentemente en muchos casos los funcionarios son victimas de la normativa y del diseño de la administración, de hecho son muchos los interventores que nos han mostrado su preocupación por lo que está ocurriendo en las intervenciones, y se han puesto en contacto con nosotros porque entienden que ellos están entre la espada y la pared, siguiendo una normativa muy poco clara que muchas veces deben interpretar, sabiendo que de equivocarse ni sus mandos ni el ICAE van a respaldarles.

Nosotros al igual que ellos entendemos que el problema está en una normativa pésima, un sistema opaco, gris y muy abierto a la interpretación. Sistema pensado muchas veces para dejar fuera de juego, o mejor dicho, de la ley a los ciudadanos, pero que otras muchas tiene consecuencias nefastas para los interventores, ya que el no tener una normativa clara multiplica las posibilidades de equivocación.

A pesar de que se nos quiere pintar muchas veces como radicales o revolucionarios, desde ANARMA siempre hemos estado dispuestos a tender la mano a la administración para solucionar este caos. Los Legítimos Usuarios de las Armas en España no tomamos las calles, no lanzamos piedras la UIP, que por cierto tiene todo nuestro apoyo, no quemamos contenedores y no rodeamos el Congreso de los Diputados. Nosotros acatamos una normativa al pie de la letra, a pesar de ser los grandes perjudicados por esta, y seguimos los procedimientos establecidos para protestar, alegar, denunciar y recurrir. Somos más formales y legales siguiendo los procedimientos y trámites administrativos que incluso que la propia administración, lo cual ya dice mucho de la situación en la que nos encontramos y de nuestros interlocutores.

Exigimos derechos porque somos cumplidores escrupulosos de nuestros deberes, y tememos que de seguir sufriendo una administración que ningunea, criminaliza, persigue y acosa a un grupo de ciudadanos por el mero hecho de tener legítimamente armas, corremos el riesgo de dar argumentos a los auténticos radicales que quieren ver España ardiendo. Tenemos claro que si el Estado no deposita el peso de la confianza en sus ciudadanos blindando sus derechos y libertades, corremos el riesgo de perder el país a manos de aquellos que quieren socavarlas.

Aquello que hace a un Estado Fuerte es una Ciudadanía Fuerte, y si esta es continuamente maltratada y ninguneada, raramente puede serlo. Esperemos que en algún punto se imponga la cordura y podamos establecer lazos firmes con la administración para crear una normativa clara y sólida que realmente defienda a los Españoles que quieran o deban poseer armas de fuego, ya sea por motivos recreativos, de seguridad o profesionales.

Desde aquí la administración siempre tendrá todo nuestro apoyo para todo aquello que suponga hacer a los ciudadanos españoles más libres y más fuertes.

Atentamente a todos,

Javier Arnaiz Larson
Presidente de ANARMA