El pasado 9 de abril ANARMA, a través de nuestra filial internacional, Firearms United Network (FUN), y un bufete de abogados polacos, interpuso una demanda contra la prohibición del plomo en humedales en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Nuestra demanda está basada, entre otras cosas, en la vulneración de derechos fundamentales, como la presunción de inocencia, vulneración del principio de atribución sobre los Estados miembros y la vulneración del derecho de caza y tiro.

Una vez interpuesta la misma y después de ser admitida por el TJUE, se produjo un terremoto en la Comisión Europea (CE), una institución de corte totalitario que no está acostumbrada a que nadie cuestione sus decisiones. La prueba es que SÓLO el tándem ANARMA-FUN ha sido quien ha decidido presentar batalla en los tribunales en defensa de los cazadores y tiradores europeos. Posteriormente, solicitamos la adhesión de particulares y asociaciones a nuestra demanda, en España sólo las Organizaciones Española de Caza (OEC) y algunos particulares han respondido sumándose a la misma.

LA CE ha arremetido con toda su fuerza contra nosotros, solicitando al TJUE que archive nuestra demanda para no llegar a juicio. Para ello ha presentado una extensa contrademanda en un tiempo récord gracias a una legión de abogados, que curiosamente pagamos todos los contribuyentes europeos. También suponemos se están produciendo enormes presiones de la CE sobre el TJUE.

Nosotros, por el contrario, hemos solicitado la adopción de medidas cautelares contra la prohibición del plomo, para que no se implemente en ningún país UE hasta que se pronuncie el tribunal. Hay que tener en cuenta que esta legislación cuenta con un periodo de carencia voluntaria de hasta de tres años. Pero hay gobiernos de ámbito nacional y regional, como el de Castilla – La Mancha, que pretende su entrada en vigor el año que viene, además de forma aún más restrictiva de lo que dicta la propia norma.

La UE no está acostumbrada a que sus ciudadanos se rebelen contra sus decisiones, queremos recordaros que nuestros legítimos representantes, los europarlamentarios, sólo detentan 1/3 del poder de la UE. Los otros 2/3 corresponden a la CE y el Consejo de la UE, que siempre van de la mano en sus políticas y decisiones. La mejor muestra de esto es que, sorprendentemente, el Gobierno alemán primero y el Gobierno francés después, junto con la ECHA (European Chemical Agency), se han unido a la CE en su defensa de la prohibición y, por tanto, personándose ante el tribunal contra nuestras organizaciones.

Este hecho inédito hasta ahora tiene varias lecturas, por una parte, se desautoriza a la CE, de la que no parece fiarse el verdadero “capo” de la UE que es Alemania. Un país con ansias de dominación en Europa, como ya demostró en la Segunda Guerra Mundial y que parece haber encontrado en las instituciones europeas, una forma menos cruenta y silenciosa de imponer sus políticas y modelo de sociedad. En el caso del Gobierno francés, parece que ha decidido emular al traidor Régimen de Vichy. Lo de la ECHA no nos sorprende, ya que ha sido el instrumento empleado por la CE para saltarse la participación del Parlamento Europeo.

Por otra, es una muestra de la preocupación que nuestra demanda ha creado en las estructuras liberticidas de la UE. Si ganásemos el juicio se crearía un peligroso precedente y camino contra los enemigos de la libertad, que sin duda otras asociaciones utilizarían con el objetivo de frenar el peligroso camino totalitario que la UE lleva años diseñando, a través de Directivas cada vez más liberticidas.

Legislaciones que únicamente están encontrando resistencia entre los países del Grupo VISEGRADO (República Checa, Eslovaquia, Hungría y Polonia), con una lucha encarnizada entre los tribunales de estos países que se niegan a renunciar a su soberanía frente a la CE y el TJUE. Entre otras cosas, porque tanto los Tratados de la Unión Europea, como el Tratado de Lisboa, no especifican que la legislación UE esté por encima de la soberanía y constituciones nacionales.

Está situación también está mostrando algunas de las vergüenzas de la UE, para nosotros la más preocupante es que los procedimientos y mecanismos de protesta ciudadana ante los atropellos de las instituciones europeas o no existen o son complejos, requiriendo además mucho dinero. El hecho de que, para adherirse a nuestra demanda como coadyuvante, se tenga que hacer mediante envío de carta ordinaria certificada en plena era digital, es buena muestra de ello.

Además, recientemente, muchos de los miles de ciudadanos que lo han solicitado en toda Europa nos han comunicado que han sido rechazados. El argumento jurídico que el TJUE esgrime es la “falta de representación legal”, algo que, por supuesto, NO es obligatorio. Nuestro bufete de abogados está trabajando en el tema y esperamos poder solucionarlo, pero esto os da una idea de cómo la CE se está defendiendo con su legión de abogados.

Pero hay otras, como el sistema de elección de jueces del TJUE, sobre el que en su momento haremos otro comunicado. La CE arremete hipócritamente contra Polonia, Hungría y España por sus sistemas de elección de jueces, que al menos en el caso español, consideramos que es de imperiosa necesidad que cambie. Pero es que, aparentemente, el TJUE no es mucho mejor, ya que nos estamos encontrando en el mismo con magistrados cuyo pasado es haber sido funcionario de la CE durante lustros. Algo que, desde nuestro punto de vista, cuestiona gravemente su imparcialidad. Pero no vamos a adelantar acontecimientos, ya nos explayaremos e informaremos sobre este punto.

Queremos informaros también, que la prohibición de la munición con plomo en humedales es SÓLO el primer paso. La CE, a través de la ECHA, ha encargado nuevos informes a expertos, a los que ha pagado muy generosamente con nuestro dinero, con el objetivo de presentar una prohibición del plomo en TODO tipo de terrenos, incluidos campos de tiro. La pandemia COVID ha alterado el calendario de presentación de estos informes, pero estimamos que en unos meses serán presentados.

Finalmente os hacemos un llamamiento, necesitamos fondos para continuar la lucha, como sabéis este es nuestro segundo gran contencioso. El primero ha sido contra el Reglamento de Armas en España (estamos a la espera de sentencia) y ahora afrontamos un contencioso internacional, en el que obviamente colaboran otras asociaciones más pequeñas que nosotros en otros países. Pero en ambos casos, se trata de procesos muy costosos, que cuestan decenas de miles de euros.
 

Podéis hacer vuestra aportación en la siguiente cuenta de BANKIA, poniendo en el concepto “Fondo Lucha Tribunales”:
 
IBAN: ES37 2038 2942 1960 0013 1679

 
O en la cuenta de PAYPAL:
 
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Gracias adelantadas a todos por vuestra ayuda.