Medidas para garantizar la seguridad de armas o explosivos

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Id Cendoj: 28079130042009100214
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
Sede:
Madrid
Sección: 4
Nº de Recurso: 179/2007
Procedimiento: CONTENCIOSO
Ponente: ANTONIO MARTI GARCIA
Tipo de Resolución: Sentencia
Voces:
• x ACUERDO DE INICIACIÓN (PROCEDIMIENTO SANCIONADOR) x
• x PRESCRIPCIÓN DE LAS INFRACCIONES x
• x PROPUESTA DE RESOLUCIÓN (PROCEDIMIENTO SANCIONADOR) x
• x ALEGACIONES (PROCEDIMIENTO SANCIONADOR) x
• x INDEFENSIÓN MATERIAL x
• x IDENTIDAD ENTRE PROCESOS (CASACIÓN PARA LA UNIFICACIÓN DE DOCTRINA) x
Resumen:
Sanción por la omisión de medidas para garantizar la seguridad de armas o explosivos.
Indefensión resultante de la falta de propuesta de resolución.

Contenido

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a dos de junio de dos mil nueve.

Visto por la Sección Cuarta de la Sala Tercera, compuesta por los Excmos. Sres. Magistrados citados del margen, el recurso de casación para unificación de doctrina nº 179/2007, interpuesto por la entidad Caolines de la Espina S. L., que actúa representada por el Procurador D. Nicolás Lavares Real contra la
sentencia de 28 de febrero de 2007, de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, recaída en el recurso contencioso administrativo 806/2005, en el que se impugnaba la resolución de 4 de  julio de 2005 del Secretario de Estado de Seguridad que impone sanción de 150.000 euros al titular de Mina Nueva Perdiz y la incautación de los explosivos intervenidos 123 cartuchos de Goma 2 EC con una peso total de 18,696 Kgs

Siendo parte recurrida la Administración del Estado, que actúa representada por el Abogado del
Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .- La sentencia recurrida de 28 de febrero de 2007 , declara en su fallo: "DESESTIMAR el recurso contencioso administrativo 806/05, promovido por CAOLINES DE LA ESPINA, S.L., contra la
resolución del Secretario de Estado de Seguridad de 4 de julio de 2005 por la que se impone a la
empresa Caolines de la Espina, S.L en calidad de titular de la "Mina Nueva Perdiz "la sanción
consistente en multa de 150.000 euros e incautación de los explosivos intervenidos y en consecuencia se declara conforme a derecho. Sin hacer expresa imposición de las costas causadas."

SEGUNDO .- La parte recurrente por escrito de 1 de mayo de 2007, interpone recurso de casación
para unificación de doctrina. 

En el citado escrito señala como sentencia de contraste la de 22 de junio de 2000, de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco , que sanciona al titular de un
arma que la había perdido con una sanción prevista en el artículo 23.b) de Ley Orgánica 1/92 , valorando esa sanción como instantánea a los efectos de la concurrencia o no de la prescripción. Y alega que la sentencia recurrida sanciona un supuesto similar pero otorga a la sanción el carácter de continua a los efectos de valorar la concurrencia o no de la prescripción.

Y tras hacer las alegaciones que estima pertinentes estima que la doctrina correcta es la de la Sala
del Contencioso Administrativo del País Vasco, y en ello concluye que en el caso de autos se había
producido la prescripción alegada en la Instancia.

Por otro lado señala como sentencias de contraste las de 21 de abril de 1997 del Tribunal Supremo y
la de 31 de marzo de 2003 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia , además de otras varias de distintos Tribunales Superiores de Justicia, en relación con la tesis
mantenida en la Instancia sobre que se había concurrido quebrantamiento de las normas esenciales del
procedimiento e indefensión por la inexistencia en el expediente de propuesta de resolución y su notificación con nuevo tramite de audiencia y defensa.

Alegando que mientras las citadas sentencias en supuestos similares aprecian la concurrencia del quebrantamiento de los normas esenciales del procedimiento la sentencia recurrida no apreció la
concurrencia de infracción alguna y alegando también por las razones que estima pertinentes que la
doctrina correcta es la de las sentencias citadas como de contraste.

TERCERO .- EL Abogado del Estado en el tramite al efecto conferido se opone al recurso de
casación para unificación de doctrina, alegando entre otros: Para la Sala sentenciadora y para la Sentencia recurrida es una infracción continuada porque no es una conducta de momento determinado sino que consiste en la omisión o eliminación de determinados comportamientos que se prolongan en el tiempo y se  trata de una infracción de carácter continuado o de negligencia continuada que se ultima o deja de producirse en el momento en que desaparece la situación irregular pero eso no sucedió otro día que el día  de la Inspección cuando se hallo el material explosivo en estado de abandono o perdida.

Teniendo en cuenta que el recurrente pretende se inmovilice la actuación ilícita en la fecha de
deposito y en consecuencia se computen desde ahí los plazos de prescripción por el contrario muy
prudentemente la Sala entiende que nos encontramos ante conducta incriminable o ilícita hasta que se
realiza el descubrimiento de la misma con lo cual no ha podido transcurrir el plazo de prescripción.

En cuanto a la vulneración de las normas esenciales de procedimiento en relación a la audiencia y
alegación de los motivos antes mencionados y que básicamente consistían en la elevación de la iniciación del expediente como propuesta de resolución sin elaborar una nueva propuesta, la Sentencia recurrida deja muy claro que no se ha producido indefensión alguna porque, y en esto es prudente, concisa y muy explicativa la Sentencia recurrida en el folio 10 de la demanda la recurrente dice que las alegaciones que presento al darle traslado de la incoación del expediente fueron "tenidas en cuenta por la resolución recurrida y los informes previos de los servicios jurídicos de la Dirección General de la Guardia Civil".

Por lo anterior no se ha podido producir indefensión porque la parte ha conocido absolutamente
aquello que se le atribuía, ha podido reaccionar contra ello y la situación si se hubiera dado de la forma que  pretende no habría cambiado en absoluto y habría sido exactamente la misma en la resolución recurrida dictada y así mismo para el órgano Jurisdiccional que conoció del fondo del asunto.

Por lo tanto frente al planteamiento de una indefensión formal se produce la situación de
materialización de protección jurídica absoluta de los derechos e intereses materiales y procesales de la
recurrente por lo que no habría lugar entiende esta Abogacía del Estado a admitir las alegaciones de la
recurrente siendo absolutamente prudente y fundada en hechos y derecho la Sentencia recurrida.

CUARTO .- Por providencia de 24 de marzo de 2009, se señaló para votación y fallo el día veintiséis
de mayo del año dos mil nueve, fecha en que tal diligencia ha tenido lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Antonio Marti Garcia, Magistrado de la Sala

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO .- La sentencias que es objeto del presente recurso de casación para unificación de
doctrina, desestimó el recurso contencioso administrativo, refiriendo en sus Fundamentos de Derecho entre otros, los siguientes:

"SEGUNDO: Considera el recurrente que la infracción está prescrita ya que cuando en noviembre de 2004 se procedió por los agentes de la Guardia Civil a realizar la inspección de la explotación que tuvo como resultado el hallazgo de tales sustancias, así como el levantamiento del acta como mínimo habían transcurrido más de cinco años desde la fecha en que fueron depositadas. Señala el recurrente queestamos ante infracción administrativa no "permanente o continua" sino ante una infracción de "efectos permanentes" también llamadas infracciones de estado es decir son infracciones instantáneas en las que la conducta constitutiva del ilícito se agota en ese momento de la consumación sin prolongarse en el tiempo  pero no así sus efectos lesivos que perduran con independencia de la voluntad de su autor. Se comparte ese criterio entendiendo que la infracción por la que ha sido sancionado prevista en el artículo 23 b) de la Ley 1/92 y 294 d) ) del Reglamento de Explosivos consistente en "la omisión o insuficiencia en la adopción o en la eficacia de las medidas de seguridad o precauciones obligatorias para la custodia de explosivos" es una infracción continuada ya que no se trata de una conducta que se realiza en un momento determinado sino de una ausencia de adopción de una determinada conducta que se prolonga en el tiempo, tratándose tal como señala la resolución recurrida de una infracción de carácter continuado, que deja de producirse en el momento mismo que desaparece la situación irregular que no fue otro que el mismo día de la inspección, cuando se halló el material explosivo en estado de abandono o pérdida y así lo entiende el Asesor Jurídico de la Guardia Civil.

CUARTO: Alega el recurrente la nulidad absoluta y de pleno derecho de la resolución recurrida por quebrantamiento de normas esenciales del procedimiento sobre derechos de audiencia y alegación, causante de indefensión ya que los acuerdos del Instructor dando por conclusa la instrucción sin ulteriores actuaciones ni audiencia a la parte encartada y elevando la iniciación como propuesta de resolución sin elaborar una nueva propuesta por entender que esta parte no presentó en tiempo y forma alegaciones a la incoación, implican acuerdos y decisiones del instructor ilícitas, en vulneración de los derechos de defensa y  audiencia que han acarreado grave indefensión. No se ha causado indefensión por cuanto como reconoce la propia demandada en el folio 10 del escrito de demanda las alegaciones que presentó al darle traslado de la incoación del expediente "fueron tenidas en cuenta por la resolución recurrida y los informes previos de los servicios jurídicos de la Dirección General de la Guardia Civil"."


SEGUNDO .- Es obligado recordar que conforme al articulo 99 de la Ley de la Jurisdicción el recurso
de casación para la unificación de doctrina sólo procede cuando en mérito a hechos, fundamentos y
pretensiones sustancialmente iguales se hubiere llegado a pronunciamientos distintos y por tanto es
obligado con carácter previo a todo análisis el determinar si en el supuesto de autos concurren o no las
citadas circunstancias de identidad entre el supuesto de autos y los que el recurrente aduce en defensa de  su derecho.
De una parte, alega el recurrente que concurren las identidades exigidas entre la sentencia de autos y
la de Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior del País Vasco de 22 de junio de 2000 , a los efectos de determinar si concurría o no la prescripción de la infracción que es objeto de la presente litis.
Y no procede aceptar la tesis del recurrente sobre la identidad de tales situaciones, pues en la
sentencia de contraste se valoraba el hecho del extravío de una escopeta por parte de su titular y la
Administración había tenido conocimiento de los errores o inexactitudes sobre la titularidad de la escopeta o del arma en 1988, cual refiere la sentencia y por todo ello fija como fecha inicial del cómputo a los efectos de la prescripción esa fecha de 1988, y en el caso de autos, se trata del hallazgo en 2004 de 123 cartuchos de Goma 2 EC, en una mina abandonada y fuera de actividad, y la sentencia recurrida fija como fecha inicial del cómputo a los efectos de la prescripción el año 2004. Y prescindiendo de que las sentencias puedan o no tener una tesis distinta sobre el particular es lo cierto que están valorando supuestos de hecho distintos, no solo por la diversidad, escopeta y explosivos, que no sería lo trascendente sino porque en un caso la Administración intervino o tuvo conocimiento en 1988, a virtud de actuaciones en relación con la propiedad del arma o escopeta y en el caso de autos la primera intervención de la Administración lo es en 2004, al margen también de que en el primer caso la escopeta no se encontró y en el caso de autos los explosivos se encontraron en 2004 y estaban en lugar inadecuado, sin control y con peligro de su utilización.

Y a virtud de esas notables diferencias fácticas es claro que no procede realizar análisis alguno, ya
que lo veda el artículo 99 citado, que exige identidad de hechos y fundamentos y en el caso de autos como se ha visto no concurren esas identidades exigidas, sin olvidar que desde el año 1988 hasta la fecha en que se inició el expediente por la perdida de la escopeta, había transcurrido el plazo de prescripción de la  infracción y que desde el año 2004 hasta la fecha en que se inicia el expediente en el caso de autos no había transcurrido el plazo que para las prescripciones de la infracción establece la Ley Orgánica 1/92 .

TERCERO .- De otra parte tampoco procede aceptar la tesis del recurrente sobre la concurrencia de
las identidades exigidas, por el articulo 99 mas atrás citado, entre las sentencias que cita como de contraste y la de autos en el particular relativo al quebrantamiento de las normas esenciales del procedimiento e indefensión.

Pues al margen de la coincidencia con alguna de las sentencias que el recurrente cita como de contraste de la realidad sobre que no hubo propuesta de resolución como acontece en el supuesto de autos, es lo cierto que ni en los hechos ni los fundamentos existe la identidad exigida, y sobre todo que en el
caso de autos, al margen de ciertas irregularidades que valora la sentencia recurrida es lo cierto que no
hubo indefensión alguna como reitera la sentencia recurrida en base a los propias alegaciones de la parte recurrente formuladas en su escrito de demanda, folio 10. Y hay que reiterar que la doctrina reiterada de esta Sala del Tribunal Supremo, cual refiere el Abogado del Estado lo que valora y a lo que otorga trascendencia no es la indefensión real o material y no la mera indefensión formal sin trascendencia a los efectos de la defensa del recurrente.

En efecto en el caso de autos no hubo propuesta de resolución como la propia sentencia valora, pero esa falta de propuesta de resolución no alteró las defensas del recurrente, cuando la resolución que pone fin al expediente solo valora los hechos apreciados en el escrito de iniciación del expediente y las alegaciones  de la parte recurrente sobre el acto de inicio del expediente, como la sentencia expresamente valora con  apoyo de las alegaciones del propio recurrente y ese no es el supuesto de las sentencias que el recurrente  cita como de contraste.

Sin olvidar que es el propio recurrente el que en su escrito de demanda, folio 10, reconoce que las pruebas documentales incorporadas posteriores a la notificación de la incoación son irrelevantes dice
expresamente "sin perjuicio de su irrelevancia in causa desde un punto de vista probatorio" y también que su alegaciones frente al acuerdo de incoación del expediente fueron tenidas en cuenta por la resolución recurrida aunque desgraciadamente de forma ilícita no fueran tenidas como valida y eficazmente presentadas. Pues lo que aconteció es que el instructor al no tener por presentadas las alegaciones del recurrente aplicó el articulo 13.2 del Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora Real Decreto 1398/93 y dio al escrito de iniciación el carácter de propuesta de resolución, pero esa decisión no conforme con la realidad no alteró los medios de defensa del recurrente, cuando éste conoció y combatió por medio de las alegaciones que estimó oportunas, hasta quince folios, el citado acuerdo de iniciación del expediente y cuando en este acuerdo de iniciación estaban todos los datos y circunstancias que valoró después la resolución recurrida y cuando ésta además tuvo en cuenta las alegaciones del propio recurrente.

Por lo tanto el defecto advertido por la propia sentencia recurrida no causó indefensión alguna como
la sentencia también expresamente valora, y por todo ello, no cabe apreciar las identidades exigidas con las sentencias de contraste pues unas se refieren a otros hechos y las que valoran la falta de propuesta es por existencia de elementos de hechos y datos que o causaron indefensión o impidieron al afectado ejercer adecuadamente su derecho de defensa y en caso de autos como se ha visto y razona la sentencia recurrida el defecto consistente en no hacer propuesta de resolución no alteró ni los términos de la litis ni impidió la defensa por parte del recurrente que la hizo en el tramite de notificación del acuerdo de iniciación del expediente, que fue en realidad la verdadera y única propuesta de resolución y fue valorada por resolución impugnada.

CUARTO .- Las valoraciones anteriores obligan conforme a lo dispuesto en el articulo 95 de la Ley de la Jurisdicción a declarar no haber lugar al recurso de casación para la unificación de doctrina con expresa
condena en costas a la parte recurrente y al amparo del artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción se señala como cantidad máxima a reclamar por el Abogado del Estado la de 2.400 euros y ello en atención a que las costas se imponen por imperativo legal y a la actividad de la parte dada la especial naturaleza de este recurso de casación para unificación de doctrina.

FALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación para la unificación de doctrina, interpuesto por la entidad Caolines de la Espina S. L., que actúa representada por el Procurador D. Nicolás Lavares Real contra la sentencia de 28 de febrero de 2007, de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional , recaída en el recurso contencioso administrativo 806/2005. Con expresa condena en costas a la parte recurrente señalándose como cantidad máxima a reclamar por el Abogado del Estado la de 2.400 euros.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos

PUBLICACIÓN .- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente de la misma, Excmo. Sr. D. Antonio Marti Garcia, hallándose celebrando audiencia pública, ante mí, el Secretario. Certifico.

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